Fuente: Milenio
Magdy Martínez-Solimán resaltó que hace falta que las fuerzas políticas den “un paso o dos” para lograr un consenso y diseñar una estrategia conjunta y efizaz contra las bandas del crimen organizado.
Mar, 01/06/2010 - 05:03
Para el funcionario del organismo internacional, es urgente tomar decisiones para abatir el fenómeno del narcotráfico. Archivo
México.- Magdy Martínez-Solimán, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), advirtió que en México el Estado tiene “las manos atadas hasta cierto punto” para evitar que la delincuencia organizada se infiltre en las campañas políticas, debido a que no existe un consenso entre los partidos en este tema.
El funcionario del organismo internacional sostuvo que el crimen organizado es “una lacra a la que hay que poner fin”, e indicó que en los años recientes se observa una intención clara y abierta de inmiscuirse en política.
Martínez-Solimán insistió en la necesidad de que México dé “un paso o dos” para lograr un consenso político en la lucha contra las organizaciones criminales. Es urgente “poner cartas en el asunto para contrarrestar el fenómeno”, sostuvo el representante de la ONU.
A la pregunta de si los procesos electorales están blindados contra las acciones del narcotráfico, el funcionario del PNUD en México comentó que desde hace dos años el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Gobernación trabajan de manera conjunta en esa dirección “extremadamente delicada”.
Sin embargo, insistió en que el Estado mexicano tiene las “manos atadas”, porque los partidos políticos no se ponen de acuerdo y no avanzan en ese sentido, de ahí que el narcotráfico pueda coaccionar a algunas personas para lograr sus fines.
Por su parte, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, comentó que existen “grupos legales o ilegales” que pretenden influir en los candidatos para obtener beneficios indebidos.
Ante tal situación, planteó la necesidad de crear reglas claras en los procesos electorales y evitar la infiltración del hampa. El riesgo de que las “fuerzas legales e ilegales” influyan en las democracias es latente, sostuvo.
En conferencia de prensa, Bohórquez y Martínez-Solimán presentaron un balance de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO), que mide qué tan sólidos son éstos para no ser utilizados para otros fines.
Entre los resultados destaca el hecho de que sólo 25 por ciento del gasto social es vigilado para que no sea utilizado con fines políticos y electorales en México.
Asimismo, dieron a conocer que cinco estados donde habrá elecciones este año se negaron a proporcionar información sobre el uso de los programas sociales, lo que evidencia opacidad y falta de transparencia.
Martínez-Solimán consideró que “en México existe una fragmentación considerable en los programas sociales”, y señaló que los gobiernos estatales, “a pesar de los ruegos, no han participado, compartido información suficiente o tienen pocos programas sociales incluidos en el sistema.
“Cuando no hay información o no hay candados persisten los motivos de preocupación y, sobre todo, razones sobradas para estar atentos en esas entidades, ante el uso de los programas sociales en vísperas electorales.”
Bohórquez informó que son Tamaulipas, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz (gobernados por el PRI) las entidades que no han dado información sobre sus programas sociales.
Claves
Mínima revisión
• La Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO) contiene información de 778 esquemas que se manejan en siete dependencias federales y 24 estados.
• A escala nacional, 78% de los programas tienen reglas de operación; 44%, padrón público de beneficiarios; 56%, evaluaciones internas o externas; 60% cuenta con medios para realizar quejas o denuncias electorales, y 40%, mecanismos de contraloría social.
• En este ejercicio participaron siete dependencias federales (49 programas), entre las que destacan las secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, de Medio Ambiente y del Trabajo y Previsión Social. Sólo una quinta parte de los programas sociales opera sin reglas y más de la mitad no publica el padrón de beneficiarios.
Eugenia Jiménez
No hay comentarios:
Publicar un comentario