La semana pasada desarrolladores inmobiliarios anunciaron su salida de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de Reynosa, Tamaulipas, ante los costos de la extorsión; ahora son las compañías de seguros las que están en la mira de los criminales
Martes 25 de mayo de 2010
Alberto Cuenca, Ignacio Alvarado y Jorge Torres
El Universal
MONTERREY, NL.— El hombre habló con voz seria y firme. “El motivo de la reunión es para plantearles un nuevo plan de trabajo que nos conviene a todos. A ustedes les va a reducir mucho los costos y sus jefes deben de entender que lo hacemos por el bien de su compañía”.
La audiencia a la que se dirigía el sujeto estaba compuesta por 11 representantes de empresas aseguradoras con sede en Monterrey; el 12 de mayo fueron reunidos en una de las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Tampico.
El desconocido, quien se dijo miembro del cártel del Golfo, dio instrucciones precisas de cómo habrían de otorgarle medio millón de pesos, cada compañía, una por mes, durante el año, según revela la investigación ordenada por una de las aseguradoras.
“Si alguien dice que no, de castigo les voy a meter un siniestro diario durante un año, y me lo van a tener que pagar, uno diario, de a 5 mil o 10 mil, pero uno diario, hasta cumplir un año, y al final les va a costar más de 3 millones”, les advirtió el sujeto.
La forma en cómo saldrían 500 mil pesos de cada una de las aseguradoras a cambio de “no molestarlas” es la más novedosa maniobra de financiamiento del crimen organizado: la simulación de siniestros de vehículos, por los que exigen el pago total de pólizas.
Pérdidas por 15 millones de pesos
Durante los primeros cinco meses del año, las compañías registraron pérdidas globales por 15 millones de pesos mediante esas tácticas fraudulentas, 8 millones más que en 2009.
“Se trata de una fuente muy grande de financiamiento que involucra a todo un círculo de personajes. Nos hemos dado cuenta que para este tipo de financiamientos, estos grupos operan en lugares muy específicos de Monterrey”, asegura Rogelio Lozano de León, uno de los investigadores contratados por las compañías de seguros.
Lozano, ex secretario de Seguridad Pública en San Pedro Garza García, funge ahora como asesor de empresas dedicadas a la seguridad privada. El cambio en el ejercicio de sus funciones obedece a la creciente demanda de empresarios amenazados por la delincuencia.
En Monterrey y su área conurbada, la demanda de protección no sólo es causante de un explosivo crecimiento de empresas de seguridad privada, sino del descontrol que amenaza la tranquilidad ciudadana, afirma Gilberto Marcos, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad en Nuevo León.
La seguridad privada, dice, “se nos puede venir encima en cualquier momento. Todavía no ha estallado, pero consideramos que puede suceder”.
Corrupción policiaca en Monterrey
La Secretaría de Seguridad Pública estatal carece de datos precisos sobre el número de empresas que venden seguridad en Nuevo León. Rogelio Lozano de León calcula, sin embargo, que son mil, y que aglutinan a más de 20 mil elementos, el doble de agentes de policía que existen en el estado.
Además de los accidentes simulados, la delincuencia organizada controla la venta de licor adulterado en la zona metropolitana y mantiene elevados niveles de secuestro, extorsión y robos con violencia, agrega Lozano.
Las aseguradoras han contratado servicios de empresas de seguridad privada, pero aún así los peritos se prestan al fraude por las amenazas de los criminales y la corrupción que, asegura Lozano, impera en el cuerpo de policía de Monterrey, donde tiene lugar 75% de los siniestros simulados.
“Los grupos intramuros de seguridad privada carecen de capacidad para prevenir un levantón dentro de los centros de evaluación o de cualquier antro, o para impedir que haya una intimidación hacia empleados, entonces, ¿para qué sirve una seguridad con guardias impreparados y sin armas?”.
La noche del 14 de abril, la inutilidad de los guardias privados referida por Lozano fue presenciada por miles de televidentes en la ciudad.
Los noticiarios difundieron imágenes captadas por cámaras de circuito cerrado en las que se ve operar por 10 minutos a siete sujetos armados, que sustrajeron 8 millones de pesos en joyas de un local de un centro comercial de San Pedro, sometiendo a guardias y empleados.
Un negocio pujante
En un contexto de corrupción institucional y fuerte presencia de grupos criminales, la seguridad privada se vuelve efectivamente un negocio pujante y peligroso, dice Pedro Isidoro de la Cruz, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en temas de seguridad.
“En la medida en que (los criminales) tienen acceso a información privilegiada también tutelan o patrocinan empresas de protección. Es el estado perfecto para el crimen”, explica.
Tras el asalto a la joyería, Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro, criticó la pobreza de vigilancia privada contratada por comerciantes. Pidió que mejor le pagaran al municipio y él colocaría policías las 24 horas “con toda la radiocomunicación y tecnología”.
Fernández adquirió notoriedad en el país después de anunciar a los medios el asesinato de Héctor Saldaña, El Negro, presunto narcotraficante y secuestrador que operó en ese municipio. El anuncio de su muerte lo realizó horas antes de que el cadáver fuera siquiera identificado por autoridades ministeriales de la ciudad de México, donde se le encontró.
Fernández dio la noticia durante su toma de posesión, en la que anunció también operaciones de lo que él mismo llamó Grupo Rudo, un supuesto comando élite compuesto por agentes de policía al que nadie vio operar jamás. En los hechos, el grupo, concebido para “terminar con la extorsión y el secuestro”, oficializó el cobro por protección de empresarios, afirman detractores de Fernández.
A mediados de la década de los 70, el jerarca de los empresarios de Monterrey y jefe del clan familiar al que pertenece Fernández, Eugenio Garza Sada, murió asesinado por miembros de la Liga 23 de Septiembre, durante un intento de secuestro. Ello motivó que la clase empresarial impulsara la creación de brigadas blancas, grupos de policías que limpiaron la zona de guerrilleros.
“Cuando Mauricio Fernández hablaba de crear el Grupo Rudo, todos pensábamos que era justamente eso (la reintegración de brigadas blancas), que era incluso un acuerdo con el empresariado para blindar a San Pedro y luego extenderse al resto del área metropolitana. No resultó así. Fue un fiasco total”, dice Gilberto Marcos, el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad.
En realidad, añade, “era más bien la protección de los (criminales) que estaban asentados en San Pedro, y blindó San Pedro para que no entraran otros grupos”. Fue una patente de corso para una organización criminal, sintetiza.
Grupo de “limpieza”
San Pedro Garza García es considerado el municipio con mayor proporción de millonarios del país. Ahí reside también Marcos, y según dice, la decepción de la clase pudiente llegó tras el arresto en marzo de Alberto Mendoza Contreras, El Chico Malo, presunto criminal al que Mauricio Fernández reconoció haber pagado información sobre operaciones de bandas delincuenciales.
La captura de Mendoza fue realizada por elementos de la Marina. El episodio disolvió el Grupo Rudo e hizo huir al subsecretario de Seguridad del municipio, Luis Cortez. Nadie hasta hoy sabe quiénes conformaban el grupo de limpieza del alcalde, pero en poder del presunto delincuente se hallaron, entre otros documentos, listados de peritos valuadores de varias aseguradoras.
El cobro a cambio de “seguridad” entre dueños de restaurantes, bares y discotecas de San Pedro jamás se anuló, afirma Marcos. Pero tampoco se sabe lo que continuaron pagando.
“Es muy difícil que esta gente te declaré una cosa de esas, porque declarar que le están pidiendo dinero es también firmar su sentencia de muerte. Lo que sabemos es que en ciertos restaurantes de San Pedro de pronto sacaban a los comensales los propios dueños o los encargados del negocio, porque iban a llegar estos grupos, a cenar o a comer y no querían gente”.
No se pueden echar para atrás
El episodio encabezado por Mauricio Fernández pudo conocerse debido a las propias declaraciones del alcalde, pero la “seguridad” impuesta por los criminales ocurre con mayor frecuencia en otros lugares del país, en donde, dice David Robillar, director de Kroll México, el gigante internacional de seguridad privada, los empresarios comienzan a decidirse por el pago de cuotas a cambio de garantías hacia su persona y negocio.
“De una manera perversa les están brindando un servicio”, resume.
“Lo más perverso es saber si esto ha sido efectivo o no”, asegura Julián Bianchi, director asociado de la misma firma para América Latina. “¿Quién te puede garantizar que no estás siendo objeto de otras extorsiones o de otro tipo de problema porque te están protegiendo?”.
La relación de nombres de peritos valuadores hallada a El Chico Malo, cae en este rubro de la sumisión a cambio de perdonar vidas o sobornarlas, dice Rogelio Lozano, ex secretario de Seguridad Pública de San Pedro y actual asesor de agencias de seguridad privada.
En una mayoría de casos, los peritos reciben llamadas para que acudan al lugar del supuesto siniestro. Al llegar los obligan a llenar formatos y los llevan a talleres mecánicos para que tomen retratos de unidades accidentadas, la evidencia con la que los gerentes de las compañías se protegen ante la extorsión.
“Puede ser que muchos de los valuadores estén coludidos con los criminales. De hecho es fácil saberlo, cuando ves que casi ninguno ha renunciado o ha pedido el cambio de plaza”, dice Lozano.
En la Facultad de Derecho de la Universidad de Tamaulipas, la noche que fueron convocados, estuvieron gerentes y representantes de AXA, GNP, Qualitas, ABA, Tepeyac, HDI, Metropolitana, Potosí, Bancomer y Banorte, según el expediente de investigación ordenado por una de las compañías.
“Recuerden que esto es como el Derecho: la ley no es retroactiva. Nada de que ahorita digo sí y el mes que les toque dicen fíjate que no, porque entonces sí hay pedo”, les dijo el sujeto desconocido.
En las aseguradoras, lo mismo que en el resto de los establecimientos que contratan agentes intramuros, una amenaza de tal nivel resulta apabullante.
“Los agentes de seguridad privada no traen armas de fuego, no están capacitados; lo que está sucediendo aquí en Monterrey es que las empresas comienzan a blindarse con tecnología y con inteligencia. La etapa de la seguridad personal ya pasó”, dice Lozano.
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