Los cárteles del narcotráfico han creado y utilizado empresas de seguridad privada para reclutar y entrenar sicarios, trasladar armas y hombres, lavar dinero y hasta para dar vigilancia a instituciones como la propia Procuraduría General de la República (PGR) y juzgados. En casos documentados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), ex policías y ex militares aparecen como los dueños o representantes de este tipo de empresas.
Los ex militares presuntamente vinculados al narcotráfico Arturo González Rodríguez y Mateo Juárez Espinoza, así como Raúl Villa, El R, quien era jefe de sicarios de Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, poseían empresas de seguridad privada.
En realidad, según las investigaciones de la SIEDO, éstas les servían de “pantalla” para realizar sus actividades ilícitas, de acuerdo con los expedientes PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008 y PGR/SIEDO/UEIDCS/302/2008.
También hay otros casos en los que la SIEDO detectó la constitución de empresas de seguridad privada que son usadas para fines ilegales, como las montadas por ex empleados del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y un israelí que se dedicaba a realizar labores de espionaje contra políticos, empresarios y diversos personajes. Entre quienes figuran como víctimas de este tipo de actividades se encuentran Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, Elba Esther Gordillo, Marcelo Ebrard, Fidel Herrera Beltrán y otros más, según el expediente del caso 97/UEIDCSPCAJ/2008.
Respecto a los ex militares Arturo González Rodríguez y Mateo Juárez Espinoza, el principal testigo en la llamada Operación Limpieza y que aparece con el nombre clave de Jennifer, dijo que el mayor González Rodríguez y el capitán Juárez Espinoza eran copropietarios de una empresa de seguridad privada que en realidad proporciona principalmente capacitación a los grupos de escoltas de diversos narcos, incluso rentando un rancho donde efectúan este tipo de adiestramiento.
Venta de armamento
De acuerdo con esa versión, ambos ex militares realizaban a jefes del tráfico de droga la venta de armamento que es asegurado por personal militar, pero que no es presentado ante las autoridades ministeriales, así como la comercialización de armas provenientes de la fábrica de la Secretaría de la Defensa Nacional. Según el testigo, él le compró al capitán Juárez Espinoza una metralleta MP5.
Jennifer, quien tenía el encargo del cártel de los hermanos Beltrán Leyva de entregar 100 mil dólares mensuales al mayor González Rodríguez, indicó que ambos ex militares operaban para que esa organización criminal pudiera reclutar personal militar retirado que se daba de alta en la empresa de seguridad privada.
El mecanismo para hacer que los ex militares engrosaran las filas del grupo delictivo era seleccionar a aquellos que habían sido oficiales y a quienes después de una entrevista privada se les proponía ingresar a la banda delictiva.
Sobre el lugar donde eran adiestrados los ex militares reclutados por el cártel, Jennifer señaló que éste era un rancho llamado La Rosa y está ubicado en la vía Nicolás Romero, hacia Villa del Carbón, en el Estado de México.
En el caso de Raúl Villa Ortega, El R, hay declaraciones de este mismo, quien dice que la propia PGR contrató los servicios de su empresa de seguridad privada “RAV Corporación de Alta Seguridad Nacional SA de CV”. A través de la citada empresa de seguridad privada, el también ex policía del Estado de México y señalado como quien ejecutó directamente a 24 hombres en un paraje de La Marquesa hizo tal revelación a los federales que lo detuvieron en octubre pasado, junto con el ex comandante de la policía de Huixquilucan, Antonio Ramírez, según informes contenidos en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/302/2008, al que se tuvo acceso.
Villa Ortega era uno de los operadores en el Estado de México de los jefes del narco, Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio. En las declaraciones del acusado y que fueron dadas a conocer por este diario, éste aseguraba que “yo no tengo problemas con la policía o la PGR, ya que incluso mi empresa les da seguridad en juzgados y hangares en Monterrey y Jalisco”.
En cuanto a la red de espionaje ilegal manejada por el ex funcionario del Cisen Miguel Dena Escalera, las empresas de seguridad privada que se constituyeron para tal fin fueron “Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, SA de CV” y “Servicios de Inteligencia Industrial y Comercial FEVI, SA de CV”, desde las cuales se desarrollaron programas e investigaciones que vulneraron la seguridad privada y personal de empresas e instituciones en los rubros político, social, cultural y económico.
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